Nueve ciudadanos bolivianos llevados a juicio por la Fiscalía, fueron condenados ayer por el tráfico de 245 kilos de droga, avaluada en $1000 millones, ingresada a Chile en marzo de 2013, oculta en una casa rodante hechiza. Se esperan penas de entre 10 a 15 años de cárcel para cada uno.

Se trata de Fredy Merino Quiroga, Freddy Rosas Encinas, Abraham Oscar Rosas Claros, Siprián Arriaga, Delia Montaño Vargas, Marcelino Torrico Peredo, Alejandra Caurey Morales, María Ayde Veizaga Mosqueira y Gabriela Álvarez Nuñ.

La Unidad Regional Antinarcóticos (URAN) de la Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó la investigación del caso en 2012, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización estructurada y con proveedores de droga de Bolivia, que ingresaba droga a Chile por distintas rutas, en vehículos especialmente acondicionados para burlar los controles nacionales.

Ya en el país, la droga era rescatada de los compartimientos secretos habilitados en los vehículos en el sector costero de la Quinta Región, operación que era súper vigilada por los proveedores y que terminaba con la entrega a traficantes chilenos.

En abril de 2012 se logró identificar a los proveedores, quienes se organizaban para montar una operación en un sector de cabañas del litoral regional, para lo cual contaban con una casa rodante hechiza, momento en que se advierte a todas las guardias fronterizas sobre la existencia de la banda.

Gracias a ello, en octubre de ese año se detuvo en el paso fronterizo Jama a una de las extranjeras, en cuyo poder se encontraron 41 kilos de cocaína clorhidrato, y en marzo de 2013 se detuvo al resto de la organización en el Paso Los Libertadores, cuando ingresaban en el entretecho de otra casa rodante hechiza un total de 116 kilos de marihuana, más de 38 kilos de clorhidrato de cocaína y cerca de 90 kilos de pasta base de cocaína.

Esta última droga, que da origen a la causa fallada ayer, había proveída desde Bolivia por Merino, los Rosas, Montaño y Arriaga, y era escoltada hacia nuestro territorio, desde Argentina, por ellos mismos, quienes por vía telefónica y a modo de avanzada advertían a la narcocaravana sobre los controles existentes, las formas de eludirlos y los trámites administrativos y fronterizos que no podían evitar.

Todos ellos, finalmente, fueron detenidos en las cabañas de Limache que utilizaron como refugio y central de operaciones, cuando esperaban la droga, sin saber que la Fiscalía y la PDI ya la habían interceptado, incautado y detenido a los demás autores del narcotráfico.

El caso fue llevado a juicio por el fiscal de la URAN, Ricardo Reinoso, quien destacó el buen trabajo conjunto que realizaron la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que sobre la base de análisis criminal y otras técnicas investigativas lograron detectar a esta organización y desbaratarla.

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