Situando en el acento en materias relativas a la persecución penal, víctimas y la vinculación del Ministerio Público con la comunidad, el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, rindió su tercera cuenta pública, en ceremonia realizada ayer en el Auditorium de la Universidad Tecnológica Inacap de Puerto Montt. En la oportunidad el persecutor expuso los principales resultados alcanzados durante el año, entre los que destacó que la judicialización de causas alcanzó un 53.6% -la más alta tasa histórica alcanzada en la región- y el aumento en un 26,3% de juicios orales y el crecimiento de un 167% en la cantidad de medidas de protección otorgadas a víctimas y testigos de delitos.

El Fiscal Regional calificó los resultados obtenidos como fruto de la definición de criterios de actuación, así como la priorización de líneas de persecución penal en delitos priorizados, entre los que se encuentran la violencia intrafamiliar, delitos sexuales, abigeato, robos y tráfico de drogas, así también como a la generación de indicadores y sistemas de medición propios, enfocados en aspectos cualitativos que se enfocan en el núcleo de la función persecutora.

Más allá de los resultados expuestos, Emilfork señaló que “estos datos no logran, sin embargo, explicar por sí mismos lo que hacemos a diario. En ellos no están reflejadas las complejidades de muchos de los casos que hemos investigado, ni tampoco el trabajo silencioso para dar apoyo y protección a víctimas y testigos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Menos aún, dan cuenta de la frustración que experimentamos cada vez que no logramos resolver un caso o cumplir con las expectativas de justicia de una víctima”.

LAS CIFRAS

59.552 fueron las denuncias ingresadas a la Fiscalía en la Región de Los Lagos durante el 2013, cifra un 2,4% inferior al año anterior. En cuanto al ingreso por categorías de delitos, los que más se denunciaron fueron las lesiones (14,4%) y las amenazas (13%), de los cuales una alta proporción corresponde a hechos de violencia intrafamiliar.

En una cifra que muestra la acción de la Fiscalía, el total de casos terminados mediante la resolución judicial alcanzó un 53,6%, “lo que representa la más alta tasa histórica de judicialización en nuestra región y nos sitúa hoy como una de las Fiscalías del país que más casos resuelve en tribunales, muy por sobre el promedio nacional de un 45,8%”. En contrapartida, el archivo provisional de causas bajó a un 37,2%, que se encuentra debajo del promedio nacional de un 43,7%.

En cuanto a las sentencias obtenidas, durante 2013 el 98,4% de ellas fueron condenatorias, lo que implica un alza respecto del año anterior. En este punto Emilfork aclaró que “ni a nivel nacional ni regional existen metas o incentivos relacionados con la obtención de sentencias condenatorias”. Mientras que en 2011 se realizaron sólo 180 juicios orales, en el año 2012 esta cifra se elevó a 240, tendencia que se acentuó aún más el 2013 con la realización de 303 juicios orales en la región, es decir, un 26,3% más que el año anterior.

VÍCTIMAS Y SOCIEDAD

Durante 2013, en la región se dio atención directa a más de 5 mil víctimas. Además se implementaron un total de 2060 medidas de protección, es decir, un 167% más que el año 2012, entre las que destacan 80 reubicaciones de víctimas y 110 reforzamientos domiciliarios. En lo que respecto a niños y niñas víctimas se alcanzó un 97,2% de contacto efectivo, siendo el promedio nacional un 88,7%.

En cuanto a la vinculación con la comunidad, Emilfork destacó la realización por segundo año de las cuentas públicas de cada una de las 12 Fiscalías Locales de la Región. Como otra expresión de la cercanía con la sociedad, el Fiscal Regional mencionó el Plan de Interacción con la Comunidad, en cuyo marco se realizaron 65 actividades.

Asimismo mencionó posicionó como relevante la realización del proyecto “Educación en Justicia”, a través de la cual se buscó fomentar el conocimiento de estudiantes de Enseñanza Media del sistema procesal penal. También reseñó los resultados de otros dos proyectos, el “Programa de Salidas Alternativas con Contenido Social” y el “Programa de Salidas Alternativas para Adolescentes”. A través de este último se logró rescatar a 15 jóvenes infractores de ley y reinsertarlos exitosamente a la vida escolar.

DIFICULTADES Y DESAFÍOS

En su parte final, el Fiscal Emilfork hizo presente algunas dificultades observadas que, en mayor o menor entidad, afectan la gestión de la Fiscalía de Chile en la región. Entre éstas se cuenta la necesidad de tener una “sintonía de objetivos” entre todas las instituciones que participan en el ámbito de la prevención, persecución y sanción del delito. También mencionó la necesidad de actualización del Código Penal indicando que “urge acelerar una puesta al día de la legislación penal conforme a las valoraciones sociales actuales”.

Otra dificultad observada es la cobertura de equipos policiales especializados. “A pesar de los esfuerzos de esas instituciones en ocasiones quedan de manifiesto tiempos de respuesta deficitarios en las provincias de Chiloé y Palena, especialmente tratándose de hechos que exigen una reacción inmediata o de investigaciones de mayor complejidad”, especialmente en materia de delitos sexuales y casos de muertes en la vía pública por delitos asociados al tránsito. “En estas hipótesis las primeras diligencias son cruciales para el éxito de la investigación”, afirmó.

En cuanto a los tiempos de respuesta de pericias, Emilfork señaló que “el sistema procesal y las víctimas exigen tiempos de respuesta acotados, especialmente en casos tan graves y sensibles como homicidios, negligencias médicas y delitos sexuales” y evidenció que “frente a plazos judiciales de 60 días, las pericias de credibilidad de relato en delitos sexuales demoran desde 3 a 8 meses en ser evacuadas, las de ADN tardan entre 3 y 6 meses, mientras que las de mala praxis médica no se recepcionan antes de un año”.

Finalmente mencionó como relevante las modificaciones introducidas por la Ley 20.603 a la Ley 18.216, sobre “medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad“. Si bien lo que más se ha difundido es el monitoreo telemático (los llamados brazaletes electrónicos), lo cierto es que se trata de una legislación que viene a restringir el empleo de la pena privativa de libertad o de cárcel. “Surge la inquietud sobre el impacto que tendrá su aplicación, tanto en aspectos prácticos como en relación a las expectativas que las víctimas tienen sobre los resultados del proceso penal”. A lo anterior se suma, además, que “nosotros como Fiscalía nos enfrentamos nuevamente a un escenario de nuevas funciones y cargas, sin correlato en un aumento de la dotación”, añadiendo que “somos los mismos del inicio del sistema el año 2003, sometidos a mayores exigencias y cada vez con más competencias y cargas”.

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