Iván Moreira Barros, senador Unión Demócrata Independiente por la Región de Los Lagos
Iván Moreira Barros, senador Unión Demócrata Independiente por la Región de Los Lagos

Columna de Opinión

Por Iván Moreira

Desde hace ya muchos años que la mayoría de los padres han preferido matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados antes que en uno municipal. Hoy, solo un 38% de los niños asiste a estos últimos establecimientos educacionales a diferencia de un 54% que asiste a los particulares subvencionados. Teniendo estas cifras en cuenta resulta difícil entender por qué el gobierno pretende terminar con la principal opción que los padres han tomado. Da la sensación de que el gobierno no confía en el criterio de los principales interesados en que la educación de los alumnos sea de calidad, que son los padres.

El gobierno en su proyecto pretende expropiar la propiedad de los recintos de los colegios particulares subvencionados. Una de las principales asociaciones que representan estos establecimientos educacionales (Conacep) ha estimado que ese solo gasto de la reforma implicará una inversión para el fisco de US$9.800 millones. Esta millonaria inversión del Estado lo único que conseguirá será cambiar el dominio de la propiedad del recinto para que quede inscriba en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del fisco en vez del actual sostenedor o dueño. Dicho cambio no incide en nada en mejorar la calidad de la educación de los niños que asisten a estos establecimientos educacionales.

Lo que Chile necesita es invertir en mejorar la calidad de la educación de los niños invirtiendo nuevos recursos en capacitar más a los profesores, mejorar la tecnología que se usa en la sala de clases, aumentar las horas de inglés, etc. Los peores niveles de calidad de enseñanza se encuentran en los establecimientos educacionales municipalizados. Por lo tanto, si el gobierno lo que pretende es privilegiar la igualdad por sobre la calidad en la educación entonces lo que debe hacer es mejorar e invertir recursos principalmente en la educación municipal, de manera que los jóvenes que asisten a esos establecimientos alcancen estándares de calidad que se asimilen a los de los colegios particulares subvencionados. Así se iría construyendo una sociedad con mayor igualdad pero sin descuidar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes que asisten a ambos sistemas educativos. Por el contrario, el gobierno, equivocadamente, está poniendo su foco y millones de dólares no en mejor la educación que otorgan los municipios, sino que en terminar con un sistema que, faltándole mucho por corregir y mejorar, es mejor que el municipal, lo que se demuestra con los resultados de pruebas como el SIMCE y la PSU. De esta manera, los grandes perdedores serán todos aquellos padres que, buscando colegios con mejor calidad de enseñanza y mayor disciplina dentro de sus salas de clases, han optado libremente en matricular a sus hijos en los colegios particulares subvencionados. Resulta incomprensible que el gobierno en vez de querer nivelar para arriba velando por mejorar la educación de ese 38% de niños que asisten a colegios municipalizados este más empeñado en comprar a los particulares subvencionados el dominio de sus establecimientos educacionales para asemejarlos a los municipales. Al igual que el Transantiago, este proyecto de reforma educacional se ha diseñado entre cuatro paredes y sin escuchar a los interesados que, en esta oportunidad, son los apoderados que han optado por un sistema educacional para sus hijos que hoy el gobierno pretende eliminar.

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