Procurando poner en línea a toda la normativa nacional con el derecho internacional en torno al tema de la pena de muerte, un grupo de legisladores de la Nueva Mayoría, liderados por la diputada Clemira Pacheco (PS), presentó una moción que elimina esta drástica sanción del Código de Justicia Militar.

 

El proyecto, enviado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, fue ingresado a trámite legislativo el pasado miércoles 5 de noviembre por la diputada Pacheco y sus compañeros de bancada Denise Pascal, Daniel Melo, Leonardo Soto y Christian Urízar y a los diputados IC Sergio Aguiló; DC Claudio Arriagada; y PC Camila Vallejo y Hugo Gutiérrez.

 

Los parlamentarios resaltaron que, pese a que Chile, a través de la Ley 19.734 (5 de junio de 2001), modificó el Código penal reemplazando la pena de muerte por el presidio perpetuo calificado, el Código Militar no presentó variaciones y conservó la sanción , con lo cual nuestro país sólo dio cumplimiento parcial a los Convenios Internacionales suscritos en materia.

 

Citando al profesor en Derecho, José Luis Guzmán Dalbora, consideraron que la Ley 19.734 dejó variados problemas en la aplicación de la norma, entre ellos:

 

a) No exceptuó los conflictos armados desprovistos de carácter internacional, o sea, la impropiamente denominada “guerra civil”, debido a que el Código de Justicia Militar regula que debe considerarse como estado o tiempo de guerra no sólo cuando ha sido declarada oficial y legalmente la guerra (o del estado de sitio), sino también cuando de hecho existiere o se hubiere decretado la movilización para la guerra, aún a falta de declaración formal.

 

b) Problemas en materia de determinación, ejecución y prescripción de la pena de muerte, derivados de que aún resultan aplicables las normas del Libro I del Código Penal en materia castrense, lo que lleva a los jueces a verse obligados a aplicarla en el evento de que se presente un concurso ideal de delitos.

 

c) Al eliminarse de los artículos 66 y 68, la frase que indica que el tribunal no está obligado a imponer necesariamente la pena de muerte en presencia de circunstancias agravantes no acompañadas de atenuantes, se vuelve a la situación anterior a la Ley 17.266 (normativa que precisó en su minuto los casos en que podía ser citada la pena de muerte), constriñendo a los jueces militares a infringirla en tales casos.

 

Bajo esta visión, la moción define en su primer artículo la derogación de la “pena de muerte en tiempos de guerra y en casos de conflictos armados sin carácter internacional” y, a través de su artículo segundo, ajusta las normas del Código Militar para hacer efectivo este precepto.

Weitzler

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