Guillermo Morales
Weitzler

La Fiscalía de la región chilena de O’Higgins, al sur de Santiago, pidió hoy una pena de cuatro años de prisión por delitos tributarios para Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, informaron fuentes judiciales.

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Compagnon está imputada en el caso Caval, una empresa de la cual es socia, vinculada a un millonario negocio inmobiliario que le reportó cuantiosas ganancias hace algunos años, y a la que la Fiscalía le atribuye la presentación de declaraciones de impuestos falsas.

En el caso también ha sido investigado, por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, que no obstante no ha sido imputado por ningún delito desde que estalló el caso, a comienzos del año 2015.

El caso supuso un desplome en la popularidad de Bachelet, que se ha mantenido desde entonces con una aprobación inferior al 30 %, según las encuestas.

Según fuentes del caso, Natalia Compagnon podría cumplir en libertad la pena de cuatro años, sobre la base de algunos atenuantes que la benefician, como una intachable conducta anterior.

La misma pena fue solicitada para Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon en la propiedad de la empresa, por el delito de soborno.

En total, la Fiscalía acusó a cerca de una decena de presuntos implicados ante el tribunal de Garantía de la ciudad de Rancagua, contra las cuales pidió diversas penas, además de la misma empresa Caval, que es persona jurídica.

“Tenemos la convicción de que todas las personas que hemos acusado van a ser condenadas”, afirmó tras la audiencia Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins.

Dentro del marco legal, se solicitó “la pena más alta posible” para los imputados, subrayó.

El más complicado de los implicados es Herman Chadwick, un síndico de quiebras que avaló el negocio de Caval y está acusado de ejercer “ventajas indebidas”, delito incluido en la ley de quiebras que tiene la categoría de crimen, con una pena mínima de cinco años y un día de prisión, que no se pude cumplir en libertad vigilada o condicional.

También la Fiscalía pidió para Chadwick otra pena de cuatro años por haber presentado declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas” y, adicionalmente, una tercera pena de 818 días de prisión por haber omitido la presentación de otras declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Respecto de la posibilidad de que la nuera de Bachelet cumpla su pena en libertad, el fiscal Arias dijo que esa decisión corresponde a los tribunales, precisando que lo que pide la Fiscalía “son penas efectivas”, a cumplirse en prisión.

“Si alguien quiere acceder a una pena sustitutiva, lo que tiene que hacer es solicitarlo al tribunal y acompañar los antecedentes necesarios para eso. A nosotros no nos acompañaron tales antecedentes como para que pudiéramos pedir una pena sustitutiva”, explicó.

Para la empresa Caval, como persona jurídica, la Fiscalía pidió tres penas: pérdida de beneficios fiscales, prohibición de celebrar contratos con el Estado por cinco años y una multa equivalente a unos 900 millones de pesos (unos 1,45 millones de dólares).

Para Juan Díaz, intermediario del negocio, se pidieron cuatro años de cárcel por ventajas indebidas, otros cuatro años por soborno y 818 días por facilitar facturas falsas.

Para Jorge Silva Menares, exdirector de Obras del municipio de Machalí se pidió una pena de cuatro años por cohecho, y para su esposa, Marisol Navarrete, 818 días por el mismo delito, mientras que para Cinthia Ross se pidieron cuatro años de prisión por soborno.

La Fiscalía indicó que busca 152 testigos y 20 peritos al juicio oral, que no debería durar menos de tres meses. Por ahora el tribunal debe fecha para las audiencias de preparación del juicio oral.

En tanto, quedan pendientes por no haberse cerrado aún la investigación, algunas aristas relacionadas con otros negocios de Caval. EFE

Guillermo Morales

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