La Fiscalía de Viña del Mar obtuvo sentencia condenatoria y que se rechazara la tesis de ludopatía como eximente de responsabilidad penal contra el empresario Javier Garriga Bromblum, quien estafó y se apropió de más de 1.800 millones de pesos pertenecientes a una veintena de familias y aseguró haber gastado el dinero en el casino de la Ciudad Jardín.

El veredicto condenatorio fue dictado esta tarde por los integrantes del tribunal de juicio oral en lo penal de la comuna, quienes darán lectura a la condena el 20 de diciembre. El fiscal que investigó el caso, Lionel González, espera que se imponga una pena de al menos 10 años de cárcel.

“La Fiscalía acusó por ocho delitos, uno de los cuales, en cuanto a su penalidad, fue incorporado a los ilícitos principales. Para la aplicación de la pena, le hemos pedido al tribunal que tenga en especial consideración del drama humano que hubo detrás de toda esta defraudación. El sacrificio de toda una vida fue malgastado por el condenado. Hay una mayor extensión del mal causado que esperamos que el tribunal tenga en cuenta al momento de determinar el quantum de la pena. Esperamos que esta sea su última jugada”, dijo el fiscal González.

Sobre la supuesta ludopatía que alegó la defensa del imputado para disminuir o incluso liberar de culpa al acusado, el fiscal González fue claro en señalar que, de acuerdo a la prueba rendida en juicio, “el señor Garriga, de quien se dice tenía una propensión irreflexiva al juego, tuvo durante 10 años acceso a dinero líquido y nunca perjudicó a su propia empresa, sino que prefirió hacerlo respecto de otras personas. Fue muy selectivo. No tocó su bolsillo, y eso no es compatible con un ludópata”.

Respecto de los delitos absueltos por el tribunal, estos tuvieron relación con hechos referidos a personas que no se presentaron al juicio por estar fallecidas o fuera del país.

Los delitos fueron perpetrados desde abril de 2011 y afectaron entre otros, a la comunidad Tenerife y a la comunidad israelita de Viña del Mar, la última de las cuales vio defraudados fondos destinados a obras de beneficencia y gastos propios por parte de quien era su tesorero y administrador.

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