Tras recibir el pasado miércoles una denuncia por la situación que afecta a los habitantes de la torre de Carlos Antúnez, la Fiscalía de Ñuñoa abrió una indagatoria para investigar la contaminación con aguas servidas que sufrieron los vecinos en la comuna de Providencia.
El fiscal jefe de Ñuñoa, Carlos Gajardo, instruyó al fiscal Francisco Jacir para dirigir las indagaciones que según las autoridades de salud ha afectado a 417 personas. “Se indagará el posible delito de adulteración de sustancias alimenticias, dentro de las cuales se considera explícitamente el agua potable” dijo el fiscal Jacir.
En este tipo de casos, las penas contempladas en la ley van desde multas (6 a 20 UTM) e incluso pueden llegar a los diez años de presidio de confirmarse una acción dolosa que implique la muerte o un grave daño para la salud de las personas.

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