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Guillermo Morales

La Justicia chilena aceptó el pago de una multa de 2.550 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares) a cambio de suspender el proceso que afecta a la empresa SQM, acusada de cohecho y fraude tributario en el marco de la financiación ilegal de campañas electorales.

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La determinación la tomó el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que aceptó dicho acuerdo entre la Fiscalía y la empresa, con el fin suspender “de manera condicional” el procedimiento.

En la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, el juez Luis Avilés decidió que el pago de la multa será dividido en 900 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares) a beneficio fiscal y de 1.650 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares) a fundaciones.

Además, el magistrado exigió a la compañía que elabore un manual “de estándar internacional” con políticas internas para prevenir la comisión de delitos.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) había presentado una querella recientemente para impedir que esta salida alternativa se concretara, una iniciativa que aún sigue siendo procesada, según fuentes judiciales.

A partir del 2015, los llamados casos Penta, un banco de inversiones que manejó activos por más de 20.000 millones de dólares, y SQM, la mayor minera no metálica mundial, sacaron a relucir oscuros vínculos entre la política y los negocios y destaparon otros escándalos de mayor envergadura.

Ambos surgieron en el marco de indagaciones para detectar alteraciones en las declaraciones de la renta de esas empresas con el fin de obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos más altas de las que les correspondían.

También ese año se destapó un emblemático caso de corrupción que involucró a Natalia Compagnon, nuera de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, quién aún es investigada por uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

A mediados de abril del pasado año, la Fiscalía Nacional lamentó el “carpetazo” del Servicio de Impuestos Internos (SII) al cerrar sin querellas la investigación por cohecho y fraude tributario de empresas que financiaron ilegalmente campañas electorales.

En la oportunidad, el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que la decisión del SII puso “una barrera legalmente infranqueable” para el Ministerio Público.

Explicó que si el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no interpone una querella, la Fiscalía no puede investigar “motu propio”. EFE

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