El presidente de Bolivia, Evo Morales, tiene un patrimonio actualmente de 3.047.848 bolivianos (unos 437.000 dólares), lo que implica que en el espacio de dos años su fortuna se ha incrementado en un 12,67 por ciento, ya que en el 2012 tenía 2.705.058 bolivianos (388.648 dólares), según declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, órgano encargado del sistema estatal de control gubernamental en Bolivia.

Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, no ha actualizado su declaración jurada de bienes. Ambos, Morales y García Linera, gobiernan Bolivia desde el 22 de enero del 2006 y fueron reelegidos en las urnas el pasado 12 de octubre para el período que abarca de 2015 a 2020.

También se ha dado a conocer que el patrimonio de la ministra de comunicación, la periodista Amanda Dávila, y del canciller, David Choquehuanca, superan los dos millones de bolivianos (unos 300.000 dólares), según ha publicado el diario boliviano local, ‘Página Siete’.

En el 2006, Choquehuanca tenía un patrimonio de 551.864 bolivianos (79.290 dólares), y este año declaró 2.287.232 bolivianos (328.625 dólares). El canciller y el ministro de economía, Luis Arce, se mantienen en sus cargos desde 2006 y son los miembros más antiguos en el equipo de ministros de Evo Morales.

BOLIVIA, EN LA CUERDA FLOJA

La noticia del aumento del patrimonio de Morales se ha producido en una semana en la que el mandatario ha sido puesto en la cuerda floja por la organización no gubernamental ‘Human Rights Watch’, que le envió una carta instándole a reformar de manera inmediata algunas leyes de la constitución política de Bolivia, aprobada en 2009, y que vulnerarían los Derechos Humanos.

El director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha explicado que tanto Morales como “la mayoría legislativa de su partido han promulgado una serie de normas que constituyen un grave retroceso para las garantías de Derechos Humanos en Bolivia”.

En la carta, Vivanco “insta respetuosamente” al mandatario a reformar “inmediatamente” esas leyes problemáticas que atentan contra la libertad de asociación y expresión y fueron aprobadas en el segundo mandato de Morales, entre 2010 y 2014.

Se trata de leyes sobre “organizaciones de la sociedad civil, la tortura, el trabajo infantil, el racismo y la discriminación, y la imposición de sanciones a funcionarios y magistrados de alto rango”.

EP Notimerica

Weitzler

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