Prohibir las llamadas por deudas bancarias, de salud o educacionales, a través de los conocidos Call Centers, es lo que buscan los diputados UDI Felipe De Mussy y Joaquín Lavín.

Esto, luego de que los legisladores explicaran que son múltiples las ocasiones en donde el cobro de prestaciones vinculadas a deudas bancarias, salud, entre otras, son practicadas por servicios externos a las entidades oferentes, particularmente, a través de los llamados Call Centers.

Diputado por la Región de Los Lagos, Felipe De Mussy, uno de los impulsores del proyecto
Diputado por la Región de Los Lagos, Felipe De Mussy, uno de los impulsores del proyecto

El diputado De Mussy señaló que “resulta inconveniente, a lo menos desde la perspectiva de la seguridad de las personas, que datos personales y en algunos casos sensibles, se encuentren en manos de una entidad que si bien es cierto, operan en nuestro país, sus oficinas se encuentran establecidas en el extranjero, con trabajadores y bajo las normas de aquella nación”.

Manifestó que, en nuestro país, las normas vinculadas a estos aspectos no se encuentran lo suficientemente normadas, por lo que la utilización de servicios como los llamados Call Centers constituye una práctica recurrente en Chile. “Creemos que se requiere una regulación adicional cuando se trata del manejo de datos personales e incluso sensibles para las personas, particularmente en entidades extranjeras cuyas normas pueden ser menos cautelosas que las actualmente existentes”, puntualizó.

En tanto, el diputado Lavín expresó que “las empresas nacionales que contratan Call Centers extranjeros para realizar promociones o cobranzas, deberían dar una explicación, ya que nosotros los consumidores no los hemos autorizado a que les entreguen nuestros datos bancarios, de salud o comerciales a estas empresas”.

“Son datos sensibles que no pueden estar en poder de entidades a las cuales no les tenemos confianza alguna. Más aún, cuando recibimos llamados desde el extranjero cobrando o entregando promociones no solicitadas en horarios inadecuados, los fines de semanas o en nuestros lugares de trabajo, infringiendo claramente la ley nacional”, agregó.

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