Después de un amplio debate y un dedicado estudio, que pasó por la recepción de opiniones de profesores de derecho constitucional, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados determinó esta tarde que no existe ninguna norma de la Carta Fundamental, ni de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ni del Reglamento de la Corporación que apoye una eventual fusión de Comisiones Investigadoras.

Sin embargo, tal como explicó el presidente de la instancia, diputado Ricardo Rincón (DC), queda abierta la opción de aplicar las normas reglamentarias (artículos 320 y 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados) relativas a las Comisiones Unidas. “Dado que los profesores constitucionalistas dieron la posibilidad de las Comisiones Unidas, hemos incorporado las normas reglamentarias que aluden a dicha figura y que son propias, como figura administrativa, de las Comisiones Permanentes”, precisó.

En todo caso, recordó que la Comisión se atañe a mencionar el punto y que no implica un juicio de valor al respecto. “Nosotros no opinamos si se deben o no unir, no es nuestro rol. Es una decisión de la Sala y se debe determinar por mayoría simple”, agregó.

Respecto del segundo punto mandato por la Sala, el legislador destacó que la instancia fue unánime en determinar que todos los actos del Gobierno son fiscalizables por la Cámara de Diputados, incluyendo los de las empresas del Estado donde tiene control mayoritario. La facultad fiscalizadora sólo estaría limitada frente actos de los particulares.

El diputado indicó que el informe de la Comisión no contemplará el tema del examen de admisibilidad de las solicitudes de investigación, por no estar contemplado en el mandato específico de la Sala, pero reconoció que fue parte del debate y que se consensuó sobre la materia que ello no es procedente en tanto implicaría una limitación de las facultades de fiscalización de las minorías.

El diputado Arturo Squella (UDI) destacó que el texto técnico-jurídico que se presentará a la Sala contará con 11 puntos que se hacen cargo de los alcances del contenido de los artículos 52 N° 1 de la Constitución, es decir, sobre qué puede versar la fiscalización que hace la Cámara de Diputados en sus Comisiones Investigadoras, particularmente sobre lo referente a los “actos del Gobierno”.

También resaltó que quedó claro que no le corresponde a la Cámara de Diputados fiscalizar actos de particulares, sean personas naturales o jurídicas. Resaltó que hubo opiniones en esa línea de los técnicos de la Biblioteca del Congreso Nacional, de la Secretaría de la Comisión de Constitución, de los dos destacados profesores de derecho constitucional que asistieron a la instancia y de la historia misma de la Constitución, especialmente si se analiza la reforma de 2005.

Coincidió con Rincón en que será la Sala la que determine finalmente si procederá la figura de las Comisiones Unidas en el caso de las Comisiones Investigadoras y presentó una opinión personal en torno a la correspondencia de las dos Comisiones Investigadoras cuya conformación se encuentra pendiente: caso Penta, propuesta por el PC; y gasto electoral, impulsada por la UDI.

Sostuvo que la instancia que promueve su partido busca indagar sobre el funcionamiento del sistema electoral desde que entró en vigencia la modificación de 2003 en adelante, particularmente lo relativo al sistema de financiamiento; en tanto que evaluó que la investigación que impulsa el PC se dirige más bien a actos de particulares.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) defendió, a su vez, que la indagatoria que se impulsa desde su sector apunta al órgano competente de fiscalizar el caso Penta. Recordó que ya se ha formalizado a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos y recalcó que el caso se gestó porque “alguien no hizo su pega y permitió que se generaran estas evasiones tributarias”.

En todo caso, fue enfático en recalcar que ambas instancias investigadoras deben funcionar y que no existen causales para inhabilitarlas. “Aquí no hay ningún control ex antes para invalidarlas, los profesores lo dejaron así establecido”, enfatizó.

Informó que, según lo fijado por el Reglamento, ayer se debieron haber entregado los nombres de los miembros de ambas Comisiones y que el plazo formal de diez días para constituirse comenzó a regir. En este plano, anunció que su Comité exigió hoy la pronta constitución de las instancias y que se aplique la norma reglamentaria que determina que, a falta de otros nombres, deberán ser los jefes de Comités quienes se hagan cargo de la investigación.

El diputado también destacó que, junto al diputado René Saffirio (DC), estuvo en desacuerdo de mencionar en el informe de la Comisión las normas reglamentarias que permiten la conformación de Comisiones Unidas. Estimó que dicha opción no es procedente y llamó a conformar instancias separadas.

En una visión contraria, el diputado Leonardo Soto (PS) consideró que la posibilidad debe ser estudiada como una forma de economía de funcionamiento. “Creo que la modalidad de funcionamiento no afecta el cumplimiento de esos objetivos. El mandato que tienen ambas Comisiones es claro y preciso: investigar la arista política del caso Penta y las campañas electorales, por tanto, dichos mandatos no cambian aunque puedan unirse las Comisiones”, afirmó.

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