En la biblioteca “Ministro Hugo Bustos Pérez” de la Ilustrísima Corte de Apelaciones se efectuó la tarde del martes una reunión de coordinación entre diversos actores del sistema penal ante la entrada en vigencia de la nueva ley 20.603, la cual modifica la ley 18.216 sobre “penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”.

Esta relevante modificación en materia criminal fue analizada por representantes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, Fiscalía, Defensoría, Seremi de Justicia, Jueces y Gendarmería de Chile. En lo medular, esta nueva ley establece la posibilidad de decretar, en ciertos casos, penas sustitutivas que no implican privación de libertad al imputado (pena de cárcel).

Entre estas destacan las penas de reclusión parcial, que puede ser diurna, nocturna o de fin de semana y la pena de libertad vigilada intensiva, que incorporan un novedoso sistema de control mediante “monitoreo telemático” del imputado, bajo el control del personal de Gendarmería.

Por otra parte se establece también la posibilidad de imponer penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, también bajo el control de los delegados de Gendarmería, quienes supervisarán e informarán periódicamente del cumplimiento de esta sanción al tribunal. Para esto, según se informó en la reunión, ya existen plazas de trabajo debidamente coordinadas.

IMPLICANCIAS

Dado que la nueva normativa incorpora, para algunos casos, la sustitución de penas privativas de libertad por penas de diversa naturaleza, “habrá que ir monitoreando cual es el real impacto que pueda producir la nueva ley en nuestra realidad regional”,  manifestó el Fiscal Regional de Aysén, Pedro Salgado González.

Las modificaciones incorporadas a la ley 18.216 y especialmente las innovaciones antes descritas, obligan a varios de los participantes en la reunión a estar en permanente coordinación para asegurar su funcionamiento. Al respecto, el Fiscal Regional manifestó que “afortunadamente en la región estamos participando en una mesa de trabajo con el Poder Judicial y otros actores del sistema penal, la cual permite conocer en profundidad los alcances de esta ley”.

Weitzler

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