En pie de guerra están tanto los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC) como los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que imparten cursos a distancia o e-learning. Y es que las últimas resoluciones que ha adoptado el Sistema Nacional de Capacitacion (Sence) y que se enmarcan en la actualización del sistema en el que se ha embarcado el gobierno, estarían perjudicando directamente a los trabajadores.

Así al menos lo sostiene Carlos Linares, presidente de la Asociación de Técnicos de Capacitación (Asotec). Y es que el Sence, entre el 27 y 30 de diciembre de 2013, emitió cinco decretos que buscan modificar el esquema actual. De hecho, en la resolución Nº 10.257 se resolvió “fijar en $ 5.000 el valor hora máximo por participante para franquiciar los cursos de capacitación presencial y en $ 2.000 para los cursos a distancia e-learning para el año 2014, imputables a la franquicia tributaria de capacitación contemplada en la Ley Nº 19.518”. Además, el decreto establecía que “se deja constancia que estos valores serán aplicables a las actividades de capacitación que ejecuten las empresas por si mismas, como aquellas que contraten con los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (…) esta resolución regirá a contar del 1 de enero de 2014 y será aplicable a todas aquellas actividades de capacitación que se inicien a partir de esa fecha”.

En este escenario, las organizaciones han adoptado medidas como por un lado, presentar un recurso de protección y por otro, solicitar un recurso de reposición ante la autoridad.

El primer grupo presentó este recurso dado que el Sence arbitrariamente congeló una serie de cursos “sin una justificación clara”. De hecho, ha circulado una carta que enviaron representantes de la Asociación Gremial de OTEC de la Región Metropolitana (AGMO) y la Asociación Gremial de OTEC de la región del Biobío (Incade AG), donde plantean: “Interpusimos una acción constitucional de protección en la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), representada por Juan Benett Urrutia, quien tendrá que responder ante tribunales sus últimas medidas adoptadas”.

El segundo grupo apuntó su recurso de reposición “en contra de los siguientes actos administrativos: Resolución Exenta Nº 9.765, Manual Técnico Integración Vía Web Service y Manual Técnico Integración Vía Link; Instrucciones Generales Sistema de Verificación de Pertinencia de Acciones de Capacitación; Documento de Declaración Jurada de Participación de los Cursos de Capacitación; Resolución Exenta Nº 10.257; y Resolución Exenta Nº 10.508; solicitando se dejen sin efecto las partes impugnadas, en cuanto son contrarias a derecho”. De hecho, tal como reconoce la abogada que patrocina esta medida, Olga Feliú, la respuesta del Sence se espera sea entregada durante los próximos días. “Esperamos que el Sence vuelva a estudiar el tema (…) el Sence debería pronunciarse luego aunque el recurso está recién presentado, en un plazo de dos semanas aproximadamente”.

Todas estas medidas han abierto las críticas respecto de la capacidad de gestión de la entidad y apuntando a que no cuentan con la capacidad técnica ni la capacidad para hacer cambios de fondo al actual sistema. Para eso desde las asociaciones de OTEC se muestran dispuestos para avanzar en conjunto en transformaciones que realmente permitan mejorar la capacitación de los trabajadores y mediante decretos que no reciben la opinión de todos los actores del sistema.

Otro punto que ha estado en la discusión es el nivel de transparencia en el uso de la franquicia tributaria, la que ha estado fuertemente cuestionada durante los últimos años.

Cabe recordad que fue la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, quien denunció que los recursos destinados vía franquicia tributaria para capacitación estaban siendo mal utilizados. De hecho, cerca de US$ 300 millones que eran destinados a estos propósitos, se diluían en instituciones y organismos que entregaban una dudosa calidad en sus capacitaciones.

 

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