Javiera Ulloa, Doctora Sociología del Género, Universidad Complutense de Madrid. Magíster (E) Ciencia Política, Universidad de Chile y Académica Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos
Javiera Ulloa, Doctora Sociología del Género, Universidad Complutense de Madrid. Magíster (E) Ciencia Política, Universidad de Chile y Académica Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos

Durante los últimos años, la ciencia política y teoría política observan con preocupación cómo las democracias contemporáneas se encuentran en tela de juicio respecto a su capacidad para representar la diversidad existente en la ciudadanía, de responder a sus intereses y demandas y de abrir espacios de poder para aquellos grupos sociales que se han visto imposibilitados de hacerlo en la práctica, como es lo que acontece con las mujeres. En definitiva, de ampliar las bases de representación de las democracias actuales, de manera de no caer en una profunda crisis de legitimidad sin vuelta atrás.

Al respecto, la teoría política feminista y el activismo feminista han argumentado que un desequilibrio en el reparto de los poderes públicos y políticos entre hombres y mujeres y una menguada representación femenina en cargos de representación popular no sólo cuestionan la legitimidad democrática y la confianza en las instituciones, sino que además trae consigo una infrarrepresentación de los intereses y necesidades de las mujeres en el proceso de elaboración de las políticas públicas.

Se afirma al respecto que las mujeres poseemos experiencias, intereses y valores comunes, debido a que compartimos una socialización determinada y factores estructurales y situacionales propios, lo que no está siendo considerado por los actuales representantes en su mayoría hombres porque carecerían de esta cultura política propiamente femenina.

Las parlamentarias en Chile al constituir una minoría difícilmente pueden visibilizarse como parte de un mismo grupo e instalar una agenda de género en el Congreso y de esta manera enfrentarse al grupo dominante. Este “énfasis” entre las legisladoras se produciría sólo al alcanzar un determinado porcentaje de representación o “masa crítica”, lo que provocaría la pérdida de importancia del partido político al que se pertenece versus la pertenencia al colectivo de mujeres. Sólo cuando los grupos minoritarios superan el 15% y alcanzan hasta el 40% es posible que se produzcan cambios en la cultura política, el discurso dominante y la agenda política.

Resulta lógico que con porcentajes tan magros de representación política de las mujeres en Chile, las parlamentarias se comporten de igual manera que sus colegas hombres. Llama la atención que en una iniciativa emblemática como es el aborto en materia de derechos sexuales y reproductivos, de los 24 congresistas que patrocinaron las 7 mociones, sólo una sea mujer. Es decir, el apoyo femenino correspondió a un 4,1%, bastante inferior a la cifra actual de representación de las mujeres en ambas cámaras y que no ha variado significativamente desde su reapertura en el año 1990 (actual 13% en el Senado y 14% en la Cámara Baja). Precisamente en las mociones sobre despenalización del aborto terapéutico fue el único tipo de proyecto en que el porcentaje de patrocinio fue inferior al porcentaje de representación de las mujeres en el Poder Legislativo.

La escasa representación femenina en el Congreso explicaría que las políticas públicas destinadas a las mujeres, buscan en su mayoría satisfacer sus necesidades prácticas relacionadas con la insatisfacción de necesidades básicas (vivienda, salud, educación, etc.) y al cumplimiento de su rol socialmente asignado y no a cambiar las barreras estructurales para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Es decir, poco esfuerzo público desde el Poder Legislativo y también Ejecutivo en revertir la asimetría de poder existente entre hombres y mujeres en el país.

Es así cuando  se observa de manera exploratoria las mociones parlamentarias de las diputadas entre los años 2011 y parte del 2012, más de la mitad de las parlamentarias sólo patrocinaron un 10% de mociones vinculadas a satisfacer las necesidades estratégicas de las mujeres. O lo que es lo mismo, sólo una mínima parte de sus proyectos de ley buscaron transformar la desigual distribución de poder que existe entre los géneros. Las parlamentarias que se concentraron casi exclusivamente en el grupo que menos contribuyó a la búsqueda de transformar este reparto poco equitativo durante el período legislativo 2011 y parte del 2012, más de la mitad correspondieron a parlamentarias de la Alianza (coalición de derecha). Y, en el caso de parlamentarias vinculadas a la actual Nueva Mayoría estuvieron más concentradas en un mayor interés en revertir la asimetría de género.

PORCENTAJE DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS  PROMOTORAS DE AUTONOMÍA DE LAS MUJERES. PERÍODO 2011-2012.

Mociones de parlamentarias que promueven autonomía de mujeres

De lo anterior se desprende aun de manera exploratoria que una bancada femenina más numerosa – pero reducida respecto al total de congresistas – no asegura una mayor preocupación por la superación de la desigualdad de género, expresada en mociones vinculadas a lograr la autonomía de las mujeres. Sólo es posible si se logra un piso mínimo que permita en primer lugar visibilizarse a sus integrantes como parte de un colectivo discriminado y en segundo lugar, se consideren como “bancada femenina”. Incluso la evidencia empírica demuestra que incluso en partidos más conservadores, las mujeres resultan ser más progresistas que sus compañeros de colectividad.

Es en este contexto y debido a que las cifras de representación femenina en Chile continúan siendo bajas en Chile (13% en el Senado y 14% en la Cámara), es que el debate respecto a promover acciones afirmativas como las cuotas o del reconocimiento de la paridad como un principio político y derecho garantizado por la nueva Constitución ya se ha iniciado en Chile, pero continúa limitado al ámbito académico y del activismo feminista.

Ejemplo también de la marginalidad desde la que se promueven estos cambios es que la discusión sobre la necesidad de transformar el sistema electoral mayoritario a uno de tipo proporcional ha soslayado el impacto positivo que tendría sobre la representación de las mujeres.  O por ejemplo que la variable género no fue considerada cuando se aprobó el mecanismo de las primarias, el que sin lugar a dudas más bien podría desincentivar la participación de las mujeres en procesos electorales.

Argumentos contrarios a la ley de cuotas se esgrimen considerándola como “una falta de respeto para las mujeres porque niega sus capacidades” o porque “discrimina a quienes tienen las capacidades” u otros, que sirven de obstáculo para enfrentar el tema seriamente acerca de la necesidad de un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre hombres y mujeres y de manera específica, de alcanzar igual representación de mujeres y hombres.

Mientras desde el feminismo más igualitario se cuestiona la legitimidad de la democracia cuando en la práctica excluye a la mitad de la población; desde el paradigma de la diferencia por ser hombres y mujeres diferentes ontológicamente, se plantea que una mayor presencia de mujeres ocupándose de la tarea de legislar tendría efectos importantes respecto a que las políticas públicas resultantes favorecerían los intereses y perspectivas de sus congéneres más “naturalmente” vinculadas a la paz, protección del medioambiente, a la ética del cuidado y por tanto, a valores como la bondad, empatía, generosidad o compasión. etc. Paradójico, por decir lo menos que se recurra a la diferencia sexual para argumentar la legitimidad de luchar por una mayor representación femenina en instituciones diseñadas por y para los hombres y socializadas como neutras.

Independientemente de ambas perspectivas, no se puede negar que si bien las mujeres no somos un todo social homogéneo sino más bien diverso; poseemos experiencias (la de constituir “lo otro”), intereses y valores que nos son comunes, producto de una socialización determinada y de factores estructurales que no estarían siendo considerados por los actuales representantes que en su mayoría son hombres. No porque no quieran, sino porque les resultaría imposible hacerlo.

De manera específica, compartimos crianza y educación de hijos e hijas, roles primarios como cuidadoras dentro de la familia, igual marginación y segregación ocupacional dentro de la fuerza de trabajo remunerado e incluso algunas pautas de salud y longevidad. Estas diferencias de vida respecto a los varones conducirían a una “perspectiva de mujer” respecto a la mayoría de los temas que afectan la sociedad.

Es decir, por sobre la gran diversidad de situaciones, formas y grados de explotación, de opresión y marginación que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia y por sobre las divisiones que nos separan como las de clase, parece haber algo que unifica conceptualmente nuestra situación. Y si bien hemos experimentado un avance en materia de igualdad de género durante las últimas décadas, la vida de mujeres y hombre continúa diferenciándose claramente en todas las sociedades.

Uno de los argumentos a favor de la paridad y de las políticas de acción afirmativa como las cuotas es que sólo a través de dichos instrumentos se garantizará el derecho efectivo de las mujeres a presentarse y competir para ocupar cargos públicos – lo que es demostrado por la evidencia empírica de los países que las han aplicado –. Además permitirá representar de mejor manera los intereses y demandas colectivas de las mujeres, especialmente en cuanto a revertir la desigual asimetría de poder entre hombres y mujeres. Eso, en el entendido que se alcance la masa crítica necesaria para dar cuenta de la cultura política “femenina”, que ponga encima su respectiva socialización y su posición en la estructura por sobre los intereses ideológicos de partido. En la medida que esto ocurra podremos lograr la tan anhelada representación sustantiva de las mujeres en nuestras democracias.

Weitzler

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