Guillermo Morales
Weitzler

Después de dos intensas y largas jornadas de trabajo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la noche de ayer miércoles al Senado, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo tras su paso por la Comisión de Hacienda, el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

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El texto legal  ingresó formalmente a la Corporación el 2 de abril y fue íntegramente analizado por la Comisión de Hacienda, instancia que concluyó su análisis y aprobación el 23 de abril recién pasado (tras una quincena de sesiones especialmente citadas para tal efecto) con algunas diferencias respecto del texto original, las cuales fueron acordadas con el Gobierno (sólo el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa en materia tributaria).

La Sala comenzó su análisis el día martes, a las 11:00 horas, y concluyó pasadas las 12 horas del miércoles con la aprobación de la idea de legislar de la propuesta, por 72 votos a favor y 48 en contra. En la  jornada de ayer, iniciada a las 10:30 horas, se discutieron los once artículos permanentes del proyecto y sus 17 artículos transitorios.

La propuesta legal contempla incorporar a las arcas fiscales recursos equivalentes a un 3,02% del PIB, esto es, cerca de 8 mil 200 millones de dólares, una vez que la reforma entre en régimen. Cabe recordar que la normativa fija un sistema escalonado de aplicación, por lo que el impacto total se alcanzará sólo en el año 2018.

Las estimaciones del Ejecutivo definen como una de las principales fuentes de los nuevos recursos las alzas impositivas a las empresas (de 20 a 25%); la eliminación de regímenes establecidos en la década del 80 como medios para incentivar la inversión, particularmente, el Fondo de Utilidad Tributaria, FUT, y el DL 600; el paso a un sistema de tributación devengada (se cobrará impuesto por el total de las utilidades de un ejercicio); y las normas contra la evasión y la elusión (0,52% del PIB), fijadas especialmente a través de un fortalecimiento del poder fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas (también se solidariza este rol con entidades sectoriales, como las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras y el Servicio Nacional de Geología y Minería).

La reforma se funda en cuatro objetivos principales: aumentar la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes gastos permanentes y reducir el actual déficit fiscal; mejorar la distribución del ingreso, por la vía de la equidad tributaria; introducir incentivos al ahorro y a la inversión; y fijar un nuevo esfuerzo por disminuir la elusión y la evasión. Según los especificado por el Ejecutivo, los nuevos recursos del Estado se destinarán a financiar la reforma educacional (costo aproximado evaluado entre 1,5 y 2% del PIB); mejorar las políticas sociales (salud pública y pensiones del sistema solidario); y reducir el déficit estructural, fijándose como meta llegar a pleno equilibrio al 2018.

Guillermo Morales

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